Roberto Rendeiro Martín-Cejas, Departamento de Análisis Económico Aplicado
En la mayoría de los países, el sistema aeroportuario está gestionado por una administración de aviación civil o un departamento ministerial del gobierno. Sin embargo, en los últimos años, la industria aeroportuaria ha dejado de ser una rama de la administración pública para convertirse en un negocio comercialmente rentable. Las posibilidades comerciales de los aeropuertos han llevado a los gobiernos al replanteamiento de las directrices de gestión lo cual ha cuestionado, a su vez, el modelo de propiedad existente. Esta tendencia se verifica en un entorno económico cada vez más globalizado acentuando, aún más, si cabe, la importancia que tiene esta clase de infraestructura en el desarrollo económico de un país o región. El proceso de globalización económica exige a los países la dotación de infraestructuras en general y, de transportes en particular, que permitan la permeabilidad del desarrollo económico que viene de fuera de las fronteras.
La actitud de los gobiernos hacia enfoques orientados comercialmente y hacia una mayor liberalización, es consecuencia de la necesidad de una mayor autosuficiencia financiera de los aeropuertos, en orden a liberarlos de la pesada carga que supone el mantenimiento de esta clase de infraestructura. No obstante, este proceso no resulta sencillo. Un aeropuerto es un monopolio natural y traspasarlo a manos privadas entraña tener muy presente una serie de problemas propios de esa clase de infraestructuras. Los problemas de abuso del poder de mercado e información asimétrica de parte de los monopolios privados son los más aducidos cuando se inicia un proceso de liberalización. Aunque la realidad de esta deficiencia de mercado no implica necesariamente la propiedad pública, ya que el Estado dispone también de formas alternativas de intervención. La regulación del servicio constituye también una opción disponible en sustitución de la propiedad pública, y se hace necesaria para hacer compatible la propiedad privada con el bienestar social. Además, esta clase de infraestructura es, tradicionalmente considerada ineficiente y, la participación del sector privado podría introducir criterios competitivos en la gestión de la industria.
No obstante lo anterior, los servicios que realiza un aeropuerto son bastante numerosos y de diferente naturaleza, ello podría dar lugar a la posibilidad de desarrollar la competencia en algún ámbito concreto. Se trataría, entonces, de competencia por el derecho a servir al mercado como una alternativa a la privatización. Excepto los servicios operacionales, la mayoría de las actividades aeroportuarias pueden estar sujetas a este tipo de competencia. En mi opinión, en el caso de los aeropuertos españoles, ese es el camino a seguir, al menos en principio. De hechos, los cambios verificados en AENA, al principio de la década de los 90 fue el de la descentralización de la organización con un incremento de la participación del sector privado en la gestión comercial. Si bien, cabe señalar, que esa tendencia se truncó con el cambio de gobierno en el año 1996.
Entre los aspectos que motivaron los cambios en el modelo de gestión de AENA se destacan tres: 1) el aumento considerable de la autonomía financiera de los gobiernos locales que ha propiciado la regionalización de ciertas actividades aeroportuarias; 2) la necesidad de autosuficiencia financiera y 3) el plan de inversiones de AENA necesita de la participación privada. Esta reestructuración es similar a la que se produjo en la mayoría de los países del entorno. Sin embargo, el caso de la red de aeropuertos españoles es singular dado que es de las más densas del mundo y, su gestión se realiza mediante el sistema de la “caja única”, es decir, los aeropuertos con superávit subsidian de forma cruzada a los deficitarios. El argumento a favor de ese sistema, según AENA, es que permite la financiación de proyectos de inversión y desarrollo que no tendría lugar en aquellos aeropuertos con insuficiente capacidad para generar los fondos necesarios. En cambio, en mi opinión, la principal desventaja es que perpetúa un sistema de gestión ineficiente. Si, además, tenemos en cuenta el coste de oportunidad de los fondos empleados, la situación puede ser muy injusta. Por ejemplo, resulta sorprendente que los aeropuertos canarios, en su mayoría con superávit, tengan que financiar proyectos de inversión en aeropuertos de comunidades autónomas más ricas como la del País Vasco.
Por último, señalar que es en la gestión de las actividades comerciales de los aeropuertos donde se han producido los mayores cambios en la mayoría de los países. Los aeropuertos han dejado de ser meros oferentes de un servicio público para pasar a ser considerados verdaderos centros de negocio generadores de actividad económica. La posibilidad de subsidiar de forma cruzada las operaciones aeronáuticas con los ingresos provenientes de las actividades comerciales, convierte su consecución en uno de los principales objetivos de los planes estratégicos de desarrollo de los aeropuertos en un contexto económico globalizado en el que vivimos.