Ofelia Betancor, Equipo de Investigación en Economía de las Infraestructuras y el Transporte.
La evolución histórica de los aeropuertos nos muestra que inicialmente suelen ser operados por el Ministerio de Defensa que controla también la navegación aérea. En un segundo estadio, los militares suelen ser sustituidos por el Ministerio de Transportes que a través de una empresa pública gestionará el aeropuerto y, generalmente algo más tarde, también la navegación aérea. El tercer estadio se caracteriza por la búsqueda de una gestión más eficiente a través de la constitución de empresas públicas aunque financieramente autónomas. En el último nivel aparecen los aeropuertos privatizados o con participación de la iniciativa privada incluso en la actividad más intocable de la actividad aeroportuaria como es la navegación aérea.
La explotación por parte del Estado de los aeropuertos puede parecer un caso extremo de intervención y por tanto llevarnos a la conclusión de que la regulación no será necesaria. El argumento que sustentaría dicha conclusión sería del siguiente tipo: como el Estado persigue maximizar el bienestar de los ciudadanos fijará tarifas cercanas al coste marginal y proporcionará un nivel de calidad adecuado. Desgraciadamente la realidad está plagada de monopolios públicos ineficientes en costes que requieren de regulación. En aeropuertos podemos encontrar ejemplos de este tipo de regulación como sucede con el aeropuerto de Manchester, de propiedad del gobierno local, que se encuentra sometido a un régimen de regulación similar al que se aplica sobre los aeropuertos londinenses de la British Airport Authority (BAA).
Por el contrario, la introducción de iniciativa privada puede entenderse asociada a la regulación más estricta, lo cual no siempre sucede. En primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un aeropuerto privatizado? En principio este adjetivo nos hace pensar en un aeropuerto de propiedad privada, sea porque sus acciones se encuentren en manos del público o porque pertenezca a una empresa o individuo. Sin embargo la privatización también puede implicar simplemente que la iniciativa privada se encuentra participando en la prestación de algunas o todas las actividades aeroportuarias incluso en el caso de propiedad pública de los activos.
Evidentemente la forma en que operan los aeropuertos fue en algún momento fruto de la intervención del Gobierno. También el Estado debe decidir acerca de cómo quiere que sus aeropuertos sean gestionados, si por el propio Estado o por una empresa privada. Y si opta por la inclusión de participación privada entonces debe decidir, entre toda la gama de opciones disponible, cuál es la más adecuada para sus propósitos: si desea sacar las acciones a Bolsa, si desea vender los aeropuertos a un individuo o sociedad en particular, si desea vender o alquilar toda la red de aeropuertos en conjunto, por subgrupos o de manera individual, si opta por una opción en la que se agrupan aeropuertos rentables con no rentables, si desea mantener la propiedad pero aprovechar las ventajas comparativas de la iniciativa privada y abrir un proceso de licitación pública para otorgar una concesión por plazo determinado o variable, si establece o no límites a la participación cruzada entre aeropuertos, si limita o no la participación de líneas aéreas, si el ente encargado de llevar adelante el proceso de privatización será el mismo que luego regule la actividad de las empresas privadas, etc. La gama de posibilidades es muy amplia, no obstante, una vez que se ha adoptado una decisión la necesidad de regulación y control del poder de monopolio persiste casi siempre.
El siguiente gráfico y tabla pretenden resumir las distintas ventajas e inconvenientes asociadas a cada una de las anteriores opciones. La perspectiva que se ha adoptado es la siguiente: en el gráfico se plantean en primer lugar las opciones de propiedad y las distintas alternativas de operación o gestión posibles; este gráfico se complementa con la información de la tabla, en donde de manera sintética, se presentan las ventajas e inconvenientes para cada modelo de operación, la necesidad de regulación económica (tarifas y/o calidad), las posibles limitaciones adicionales que un regulador de aeropuertos podría establecer y las diferentes opciones para la red.
En la mayoría de los casos se trata de adoptar decisiones de tipo político que consideran las características de cada país. Por ejemplo, privatizar la red de aeropuertos de un país mediante la salida del capital a Bolsa es posible sólo si se dispone de mercados de capitales lo suficientemente desarrollados. En otros casos la alternativa de explotación mediante empresas públicas puede que no sea factible ya que el Estado carece de la capacidad de inversión necesaria y ha de recurrir a modelos de concesión.
Tipos de propiedad y gestión de aeropuertos
Principales ventajas e inconvenientes de los distintos modelos de propiedad y gestión de aeropuertos