Profesor Titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, ULPGC. (Secretario de Comunicación, Ciencia y Tecnología, PSC-PSOE)

Uno de los puntos importantes del programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones de 2004 es el compromiso de adecuar la Ley universitaria, la LOU, a las necesidades del sistema educativo español y a la progresiva convergencia de la educación superior en todo el continente europeo hacia un modelo común equiparable. En esta situación, con toda probabilidad durante 2006 se llevarán a cabo los cambios legales correspondientes, en forma de Ley Orgánica de Modificación, cuyo primer borrador ya está en circulación desde hace unos meses y es objeto de crítica constructiva por parte de rectores, estudiantes, profesores, sindicatos y otros partidos.

¿Es necesario volver a modificar el marco legal universitario? Desde el punto de vista del PSOE, si. La LOU tal y como la concibió el Partido Popular, fue una Ley no salida de consenso alguno y que suscitó rechazo en todos los sectores académicos. De esta manera, el reto planteado con la modificación es múltiple. No se trata sólo de contentar a rectores o profesorado, perfilar una carrera docente, ordenar las formas de elección de Claustro, Rector o reconocer derechos y deberes de los alumnos. Se trata también de armonizar un sector educativo crucial que ha crecido espectacularmente en los últimos diez años en España, que ha permitido tener las generaciones de jóvenes mejor formadas de la historia del país, que es soporte de más del 60% de nuestra investigación científica y que engloba al 55% de los investigadores.

Más allá de los detalles de la modificación, que deben incluir entre otros muchos apartados la forma de acceso a la función pública y de progresión dentro de la misma, la redefinición de los cuerpos estatales de profesores universitarios y por tanto las bases de la carrera docente, las acreditaciones, concursos, contratos del personal docente y demás, la nueva LOU debe patentizar el cambio de cultura que en torno a la Universidad se ha estado produciendo en los últimos veinte años: la evaluación de la actividad docente e investigadora, la cultura del mérito reconocido, la rendición de cuentas casi permanente a la sociedad, de la que es servicio público, la internacionalización necesaria y beneficiosa (que ya afecta claramente a estudiantes y profesores). Y todo ello dotando a las universidades de herramientas legales flexibles que permitan su adaptación, su crecimiento y una mayor interacción con su entorno económico y social. Debe quedar patente y debe fortalecerse en la nueva legislación una característica básica del mundo universitario, a saber, que es tremendamente dinámico, siempre lo ha sido a lo largo de la historia, y en muchos aspectos es motor de cambio y avance social: su capital humano garantiza la libertad de pensamiento, su capital científico y tecnológico es inversión en bienestar a medio y largo plazo.

Se trata, en suma, de adaptar la legislación a la realidad que vive el sistema educativo superior en España para poder proyectarlo al futuro. No de volver a intentar que sea la realidad la que se adapte a una legislación concreta.